1. Introducción
En el entorno digital, las redes sociales, representan una de las herramientas al servicio de la comunicación institucional y mediática más significativas para la sociedad (Herrero y Ruano, 2019). No solo han servido para informar, sino también para estrechar relaciones y legitimar políticas implementadas. El uso de las redes o medios sociales se ha extendido a todos los niveles (internacional, nacional y local) y han tenido un papel fundamental durante la crisis de la covid-19 para trasladar mensajes a la población. Estas actúan como canales que dan voz a innumerables usuarios conectados, capaces de transmitir y recibir de manera simultánea toda clase de contenidos temáticos, como terrorismo, crisis sanitarias o emergencia climática, pues, como apunta Castells, (1996) en el contexto de la comunicación de emergencias debe considerarse que la sociedad red no distingue al emisor del receptor del mensaje.
Las redes sociales han modificado el paradigma tradicional al impactar de manera directa en la comunicación entre personas, organizaciones e instituciones (Padilla, 2016; Kimmons et al., 2017). En este sentido, las redes sociales han sido imprescindibles para la comunicaión institucional, dado que facilitaban a la población comprender la situación y conocer medidas y restricciones (Costa-Sánchez y López-García, 2020), pues, tal y como afirman Faber et al. (2020), pueden contribuir con información más detallada y útil para la ciudadanía. Sin embargo, otros autores se muestran críticos con el uso de estas plataformas en situaciones de emergencia (Eriksson y Olsson, 2016; Díaz-Campo et al., 2018), pues afirman que la elevada difusión de mensajes sensacionalistas, la espectacularización e incluso la desinformación en la esfera digital pueden implicar una incorrecta gestión de la emergencia, amplificando el miedo y la percepción de riesgo (Gil-Calvo, 2003).
Según diversos estudios (González-Padilla y Tortolero-Blanco, 2020; Goel y Gupta, 2020), utilizar las redes sociales en su óptimo funcionamiento contribuye a difundir eficazmente información clave en situaciones de crisis sanitarias. De hecho, en diferentes contextos, se ha comprobado la eficacia de redes sociales como Twitter (Suau-Gomila et al., 2017; Caldevilla-Domínguez et al., 2019; Rodríguez-Fidalgo et al., 2019; Gong y Lane, 2020), Facebook (Arroyo-Almaraz et al., 2018), Telegram o WhatsApp (López-Tárraga, 2020; Casero-Ripollés, 2020), como instrumentos de gestión de la comunicación institucional en tiempos de pandemia o emergencia.
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el coronavirus como una pandemia; ya el 30 de enero del mismo año la había declarado como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Una de las principales herramientas que los Gobiernos emplearon para evitar el contagio del virus fue el confinamiento obligatorio de la población (López-García, 2020; Caldas-Calle y Torres-Palchisaca, 2021). En España, el confinamiento comenzó con la declaración de estado de alarma del 11 de marzo de 2020 y estuvo vigente hasta el 21 de junio del mismo año. El brote de la covid-19 ha implicado una crisis sanitaria con repercusiones sociales, económicas e incluso políticas significativas. Estas dimensiones (sanitaria, social, económica y política) han impactado de manera diferente a mujeres y hombres, sobre todo en el entorno del hogar, pues, derivado de la situación de confinamiento, el riesgo de la violencia de género y otros tipos de violencia contra las mujeres aumentó (Taub, 2020). Este aumento es tan significativo que ha sido descrito como una doble pandemia (Bettinger-López y Bro, 2020), puesto que, a la crisis sanitaria, se añadió una crisis humana, al favorecerse un contexto de aislamiento que facilita la violencia machista.
La violencia contra las mujeres es causada por la desigualdad de género, la discriminación y las dañinas normas culturales y sociales. Y cada vez más se reconoce como un tema de salud pública y como uno de los problemas de mayor impacto social, debido a la constatación del aumento de la violencia ―doméstica, familiar, de género― (Sapire et al., 2022). Para analizar el impacto de las circunstancias creadas por el confinamiento sobre la violencia de género, resulta clave comprender que los límites a la movilidad física, los comportamientos de control de los maltratadores y las prácticas de aislamiento social aumentan potencialmente la vulnerabilidad de las mujeres que sufren violencia de género.
A raíz de la declaración del estado de alarma y del confinamiento se implementaron diferentes medidas centradas en la atención y prevención de la violencia de género. Ante la crisis de la covid-19, el Ministerio de Igualdad, dadas las excepcionales circunstancias, aprobó el Plan de Contingencia contra la Violencia de Género, en el que se incluyeron diversas acciones (teléfonos especializados de información y asesoramiento; protocolos de actuación profesional nacionales y autonómicos en diferentes ámbitos; red de centros de acogida; asistencia integral ―jurídica, laboral, social y psicológica―, y ayudas económicas) para garantizar el funcionamiento de los servicios destinados a la protección de las víctimas de violencia de género.
